Encubre Procuraduría panameña anomalías con show mediático

* Nuevo ultraje de fiscales panameños; avalan el aseguramiento de diez vehículos durante operativo a residencia en Santa María, sin presentar ninguna imputación o prueba de que se hayan adquirido de manera ilegítima.

PANAMÁ.- Derivado del mal proceso que la Procuraduría General de la Nación ha llevado en el caso del empresario mexicano víctima de atropello y despojo por parte de una jauría de fiscales encabezados por la juez Sonia Quesada, nuevamente se comete un ultraje, al llevarse la Unidad de Bienes Patrimoniales, un total de diez vehículos de diferentes marcas, sin presentar ninguna imputación o prueba de que se hayan adquirido de manera ilegítima, mediante un escandaloso y vergonzoso operativo realizado en una de sus propiedades en Santa María, lo que se considera prácticamente un aseguramiento avalado por las mismas autoridades.

De acuerdo a información dada a conocer por el abogado Jamis Acosta, desde un principio la Fiscalía manipuló el caso, cometiendo una serie de anomalías durante el proceso, como el ocurrido la semana pasada, producto de un dictamen amañado, donde los fiscales montaron todo un show al retener los autos que fueron comprados legítimamente en Europa y trasladados a Panamá por aduana en el año 2015, por los cuales se pagó el 34 por ciento de impuesto correspondiente, es decir, no pertenecían a los dineros aprehendidos, por lo que tratan de engañar a la opinión pública.

El jurista señala que hasta el día de hoy la Procuraduría no ha podido aportar ninguna prueba que demuestre que el empresario mexicano haya cometido algún delito, y en una actitud totalmente desvergonzada, como la practicada por la fiscal Isis Soto, han manipulado el sistena para lograr retener bienes legítimos, perjudicando a un inversionista extranjero, honesto y que siempre ha trabajado con fondos lícitos y transparentes.

Aunque durante el allanamiento, no hubo detenidos y tampoco se encontró en la casa los 300 mil dólares en efectivo, como algunos medios locales han manejado. “Fue una diligencia que le correspondía al Ministerio Público, para el traslado provisional de bienes, y donde no hubo resistencia por parte de los representantes legales del afectado”, enfatizó Jamis Acosta.

Recordó que este caso detonó, a partir de una investigación absurda que se le abrió al empresario mexicano que radica en Panamá desde el año 2017. Dentro de la carpeta reposa toda la documentación que enviaron las autoridades mexicanas, pedida por el propio Ministerio Público, que avala su pasaporte como auténtico, además de contar con una visa de Países Amigos como inversionista extranjero, lo que demuestra su integridad y que sus empresas son legítimas. Cabe resaltar que esta visa especial de residencia permanente, establece lazos de negocios y profesionales entre Panamá y más de 50 naciones.

En diciembre pasado, el Servicio Nacional de Migración le prohibió al inversionista entrar a Panamá y arbitrariamente la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda, en ese entonces a cargo de Kenia Isolda Porcell Quesada, inició una incongruente investigación. “Lo que es una ilegalidad, debido a que no habían los elementos mínimos para aprehender bienes o aplicar medidas cautelares, máxime cuando no hay siquiera un imputado”, afirma el abogado.

Jamis Acosta explicó que ya se han ido a dos controles ante los juzgados y se ha presentado un amparo de garantías contra cada una de estas aprehensiones de bienes y de autos, “porque consideramos que hay muchas violaciones al debido proceso, sobre todo cuando no existía un delito precedente para este tipo de medida cautelar”, acotó.

Cabe señalar que los abogados han solicitado los antecedentes penales del empresario, creador de software, donde consta en un documento apostillado y acreditado, que se mantiene totalmente limpio, pues nunca ha tenido un proceso de ningún tipo. También se han presentado los informes contables de dos años de ejercicio, de todos sus bienes y fondos, mismos que han quedado acreditados de manera lícita.

“En Panamá, para poder abrir una cuenta bancaria de alto monto, se pasa por un proceso de debida diligencia e investigación, y todas las cuentas del empresario pasaron por estos filtros, con documentos aportados por sociedades creadas para eso”, aseguró el litigante.

Manifestó que en una audiencia reciente, el juez de garantía admitió que las autoridades panameñas ya tienen que definir este caso, por eso no se entiende que la Fiscalía mantenga un proceso como tal, porque el Ministerio Público tiene la facultad de enviarlo al archivo, al no existir elementos necesarios para consignar, y así evitar ocasionarle un daño no sólo a la persona investigada, a quien se le han violado todos sus derechos, sino también al Estado, por economía procesal y utilizar un sistema en un proceso infructuoso por los malos cimientos de la investigación.

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