Isis Soto de la Comisión de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada de Panamá en la mira de la justicia
PANAMÁ, 17 de febrero.- La red de corrupción dentro de la Fiscalía en Panamá por servidores públicos para apoderarse de los activos y bienes de empresarios mexicanos sin fundamentos legales, empieza a ser ruido en países de Latinoamérica, porque las víctimas han tenido que solicitar ayuda internacional para que la pandilla de fiscales enfrenten la justicia, y acusan a Isis Soto de la Comisión de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada de haber sido quien aprehendiera los vehículos automotor a un inversionista mexicano cuando ni si quiera fueron adquiridos en el país, lo que violenta la ley en derecho por un supuesto delito contra la fe pública del cual no tiene alcance procesal, extralimitándose en sus funciones.
Tras las denuncias de las víctimas, empresarios mexicanos quienes buscan la ayuda internacional salen a relucir el nombre de más fiscales corruptos entre los que destacan Isis Soto quien se extralimitó en sus funciones al firmar el aseguramiento de vehículos de automotor a uno de los agraviados siendo un delito contra la fe pública, por tal motivo no es de su jurisdicción, así como Sonia Armengol Quesada, de la Fiscalía Segunda Subregional del Ministerio Público en Avesa quien armó una investigación amañada en la resolución de aprehensión, la 0001, 0002 y 0003 del año 2019.
Los presuntos delitos de los que los dos empresarios fueron acusados falsamente, serían contra la fe pública, por lo que las fiscales Isis Soto y Sonia Armengol, así como los fiscales Marcos Mosquera de la Guardia, José Antonio Candanedo Chiam y Ricaurte González, están a punto de enfrentar a la justicia internacional, por los exabruptos que cometieron contra los inversionistas quienes llegaron a Panamá para emprender un negocio legitimo para el desarrollo de software, pero al ser el quinto país más corrupto les fabricaron pruebas por supuesto lavado de activo y con ello quedarse con sus activos y bienes.
Isis Soto de la Comisión de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, firmó los documentos para que se aseguran vehículos de automotor de los dos empresarios, cuando inclusive no fueron comprados en Panamá, “en una resolución del 06 de noviembre del año 2019, violentando los derechos de los empresarios al aplicar medidas que laceran la ley penal al aprehender vehículos a motor de un ciudadano mexicano con residencia permanente en Panamá, lo que es contrario a derecho, por un delito contra la fe pública, que no tiene este alcance procesal”.
Así mismo, en esta red de corrupción dentro de la Fiscalía en Panamá, Sonia Armengol, avaló el abuso de autoridad en que incurrieron funcionarios de la Procuraduría panameña, contra un inversionista mexicano con residencia en Panamá, retenido ilegalmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a quien violentaron sus derechos humanos.
En este sentido el representante de una importante firma de abogados en Panamá quienes llevan este caso de corrupción en la Fiscalía de Panamá, que por cierto ya está haciendo ruido en países de Latinoamérica, Sergio Morales Puello, explica que dicho delito en la fase de investigación no ameritaba que se realizara una aprehensión, en dado caso debió ser la Fiscalía en Delincuencia Organizada la ejecutante, pero Armengol Quesada se extralimitó en sus funciones al ordenar la detención de manera arbitraria.
Por lo que la querella a nivel internacional, de acuerdo al Código Federal Mexicano, artículo 4, contra los fiscales Isis Soto y Sonia Armengol, así como los fiscales Marcos Mosquera de la Guardia, José Antonio Candanedo Chiam y Ricaurte González involucrados en la investigación, por la violación a los derechos humanos, buscan un mayor equilibrio con las autoridades mexicanas, ya que en Panamá son juez y parte.
Finalmente Morales Puello dijo que la fiscal, en miras de hacer una investigación amañada, violentó el principio de inocencia de la víctima, de acuerdo al Artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, porque primero debió percatarse de todo el historial del empresario mexicano en Panamá, antes de constituirlo en un delito o un posible denunciado, violando sus derechos fundamentales, como lo es la presunción de inocencia; también se vulneró su vida privada, al incautarle todos sus bienes que ha logrado en la ciudad de Panamá.
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