Palea Fiscalía a familias panameña
* Moratoria judicial en caso de abuso y atropello contra empresario mexicano, deja en la total indefensión y sin empleo a decenas de personas, en medio de una pandemia mundial.
PANAMÁ.- Luego de que el gobierno panameño extendiera tres semanas más la cuarentena a causa de la pandemia del Covid-19, esta circunstancia ha llevado como consecuencia a una moratoria judicial por parte de las autoridades, en perjuicio de miles de personas que enfrentan procesos, como el caso de un empresario mexicano a quien le han aprehendido todos sus bienes en este país donde la justicia ha sido retardataria y manipulada.
Es un hecho que la actual crisis sanitaria está impactando negativamente a la justicia panameña y todos sus órganos judiciales, situación que afecta a muchas personas inocentes, acusadas por actos no probados, violando el debido proceso, sin pasar por los tribunales como debe ser lo correcto y dando pie a que se generen muchas irregularidades por parte de algunos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, que se han visto envueltos en escándalos de corrupción.
Tras padecer un proceso viciado, el inversionista mexicano que ha sido víctima de atropello por parte de funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría, reitera a través de su abogado, Jamis Acosta, que debido a una red de corrupción que permea en dicha dependencia, a su cliente lo han dejado en la completa indefensión, sin tomar en cuenta que su único delito ha sido invertir sus capitales de manera legítima en este país.
El caos por el que atraviesa el mundo y este país, es aprovechado por estas personas malintencionadas para afectar a este empresario mexicano, a su familia y a decenas de empleados que dependen de sus empresas bloqueadas y que se han quedado sin un sustento desde antes que empezara la pandemia. Cabe señalar que sus empresas generaban empleos de los que dependían muchas familias panameñas y de las cuales el mismo gobierno se ha desentendido, sin importarles que niños inocentes y amas de casa ahora pasan por una situación crítica.
Y es que la crisis por la que atraviesa el país, cuando el Gobierno panameño ha limitado al máximo la salida de las personas a la calle para disminuir los contagios y restringir el acceso a los bancos, a los supermercados y otros servicios de primera necesidad, afecta aún más la supervivencia de las familias que fueron víctimas de las malas prácticas de los funcionarios de la Procuraduría, sobre todo en esta fase.
Con casi tres mil enfermos y medio centenar de muertos, como consecuencia del covid-19, Panamá ha sido una de las naciones más impactadas por el coronavirus en Centroamérica, afectando drásticamente la vida de los panameños con el cierre de los negocios por 30 días, pero esto no parece importarle a los funcionarios encargados de impartir justicia, en un país que ya ha sido señalado como uno de los más corruptos.
La pesadilla para estas familias que han quedado vulnerables, apenas comienza, luego que el aumento de casos de Covid-19 ha obligado al Gobierno de Panamá a radicalizar las medidas que ya había anunciado para reforzar gradualmente la cuarentena. Condenablemente nadie responde por las fallas en la impartición de justicia y todos se lavan las manos, en un caso que ya ha tomado tinte social e incluso podría tener repercusión política para el mismo presidente Laurentino Cortizo.
