Desalojo de Nueva Esperanza, aledaña a In House, apegado a la legalidad

Playa del Carmen, Solidaridad, 2 de abril de 2019.De acuerdo al escrito que circula en los medios de comunicación, los representantes legales exponen que todo procedimiento fue apegado a la legalidad.Escrito que textualmente señala lo siguiente: Actuando en la carpeta Auxiliar número 6/2019 del Juzgado Penal Oral de Solidaridad, el viernes 22 de marzo se llevó a cabo la audiencia de Restitución Provisional.Hechos:Los ciudadanos MIGUEL ENRIQUE CÁMARA CÁMARA, JOSE ENRIQUE CÁMARA CÁMARA, CARLOS HERRERA
CAMPOS, JOSE MANUEL PASOS CAMPOS, también conocido como JOSE PASOS CAMPOS Y MARIA JOSE ACHURRA ZOREDA en fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y siete, adquirieron la propiedad del inmueble identificado como:PARCELA número 183Z1P1/1 (UNO OCHO TRES Z UNO P UNO DIAGONAL UNO) del Ejido “Playa del Carmen” Del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con una superficie de TRECE HECTÁREAS, CINCUENTA Y SEIS ÁREAS, CUARENTA Y SEIS PUNTO SETENTA Y OCHO CENTIÁREAS, MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO CON FOLIO INMOBILIARIO NÚMERO 32259 (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE).Predio que aproximadamente en el pasado mes de agosto del año dos mil
dieciocho fue invadido por varias personas, y el día de diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las dieciséis horas al pasar por el inmueble (predio) el apoderado legal de los propietarios se percato de ello es interpuso la querella respectiva por el delito de Despojo.Después de una amplia investigación por la Policía Ministerial coordinados por el agente del Ministerio Público en el mes de febrero el apoderado legal Solicitó audiencia de restitución provisional de acuerdo a la previsto por el: Artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el Restablecimiento de las cosas al estado previo.El pasado viernes 22 de marzo del año en curso el Juez de Control Nicolás Pinzón Ávila concedió la restitución provisional y para lo cual transcribo la parte conducente:”…Esté órgano de control considera procedente la restitución provisional del inmueble a favor del asesor jurídico y que representa a la parte afectada, siendo que cómo se dijo existen elementos suficientes y de los cuales han sido descritos anteriormente para autorizar la misma, por lo tanto, al cumplirse los requisitos antes citados y ante la no oposición de la defensa se le facultad entonces al agente del Ministerio Público aquí vinculado en la presente carpeta para que bajo su más estricta responsabilidad lleve a cabo las diligencias pertinentes a fin de dar cumplimiento a la presente y podrá utilizar las medidas de apremio que tenga a su alcance y que le faculta el código nacional de procedimientos penales, pudiéndose auxiliar de la fuerza pública en el caso de que lo considere pertinente, y debiendo informar a este órgano de control en el término de diez días el estado de el cumplimiento que le ha dado a la autorización aquí realizada en la presente audiencia, quedando en este acto notificados…”En el operativo realizado el día de hoy, para dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Control, intervienen 150 Policías Ministeriales, 40 Policías Ministeriales y 50 elementos de seguridad privada.Suspenden desalojoSin embargo, el actuario tomo la determinación de replegarse ante la aglomeración enardecida de la gente que amenazaba con realizar actos de violencia para defender lo que ellos aseguran es su patrimonio.Boletín_ 0319 del AyuntamientoINSTALA MESA DE DIÁLOGO PARA ATENDER A VECINOS DE LA “NUEVA ESPERANZA” EL GOBIERNO DE SOLIDARIDADSolidaridad, Quintana Roo, a 02 de abril del 2019.- La presidenta de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, hizo un atento llamado a la conciliación a los habitantes del asentamiento irregular “Nueva Esperanza” –que se encuentra entre “In House” y el fraccionamiento “Misión de las Flores”- al reunirse con una comitiva de vecinos con los que se acordó establecer una mesa de diálogo tras un intento de desalojo derivado de una orden judicial, durante la mañana de este martes.La edil solidarense acompañada del secretario general del Ayuntamiento, Alfredo Paz Cetina; el cuarto regidor, Vladimir Montejo Campos; el director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Martín Estrada Sánchez, reconoció que el intento de desalojo derivó de una orden de un juez, lo cual es ajeno a la competencia municipal; sin embargo, como gobierno, no se puede dejar desamparados a los solidarenses, y como parte de sus facultades, se realizó este acercamiento y la instalación de la mesa de diálogo.La reunión con los vecinos tuvo lugar en el Auditorio del Palacio Municipal del centro, en la que las personas afectadas pidieron a a las autoridades municipales su mediación para tener una salida a este problema, en donde reconocen que están dispuestos a tener un acercamiento con quienes dicen ser los presuntos poseedores de las tierras donde tienen sus viviendas.Laura Beristain dijo que es respetuosa de lo que mandata el Poder Judicial, puesto que la orden de desalojo proviene de un juez; sin embargo, lo que ella condena es el uso excesivo de la fuerza pública en un lugar donde habitan personas de la tercera edad, niños y mujeres.En ese mismo tenor descartó que elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito hayan participado en la orden de desalojo y que tras estos hechos solo se encuentran realizando trabajos preventivos para garantizar la seguridad y la paz social en el municipio.Al respecto, el secretario general del Ayuntamiento, Alfredo Paz Cetina, informó que tras la reunión con los colonos la primera mesa de negociaciones será esta mismo martes por la tarde, en donde se ha acordado que estén presentes dos representantes por cada una de la manzanas que conforman este asentimiento humano.“Todo lo que se realiza es trabajo preventivo y de diálogo, buscando llegar a soluciones correctas sin violentar a las familias afectadas”, dijo.Por último, agregó que aparentemente existe un asentamiento irregular, y se está llevando una acción jurídica. El juez determinó que era necesario el uso de la fuerza pública para el retiro de las personas en despojo de un predio y las acciones fueron realizadas por la policía ministerial en cumplimiento a un mandato judicial, precisó.