CHETUMAL, MX, 18/09/2019.- Dos años después de la denuncia presentada en contra de diversos funcionarios por la amañada licitación de uniformes escolares que en el 2017 benefició a la empresa poblana Comercializadora Adicón S.A. de C.V. con 104 millones de pesos, finalmente, la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) a cargo de Rafael del Pozo, resolvió el expediente sancionando al oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, con una simple “amonestación privada”.

La denuncia fue presentada el 28 de agosto de 2017 por integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y la asociación civil Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, aunque únicamente Somos Tus Ojos fue reconocido como tercero interesado en el juicio por lo que solo esta organización pudo tener acceso al expediente, aportar pruebas y comparecer en la audiencia celebrada el 30 de octubre de 2018 en contra de los funcionarios de la Oficialía Mayor.

OFICIAL MAYOR, BLINDADO

La Coordinación General de Investigación de la SECOES encontró irregularidades e inconsistencias entre la licitación pública nacional OM-LPN2-2017 y el contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 firmado con Comercializadora Adicon S.A. de C.V., mismas que favorecieron a la empresa poblana, y aunque quien firmó el contrato que benefició a la compañía fue Manuel Alamilla Ceballos, en su carácter de principal responsable de las compras gubernamentales como Oficial Mayor, el funcionario, cercano al gobernador Carlos Joaquín González, sólo recibirá por parte del órgano de control del estado un “regaño” en privado.

FALTAS NO GRAVES

De acuerdo al expediente SECOES/SRN/CGSR/PRA003/2018, la Coordinación General de Investigación solo observó “dos inconsistencias” en el proceso de licitación y el cumplimiento de la misma, siendo éstas la “incongruencia y falta de precisión en las bases de procedimiento de licitación pública nacional” y “falta de precisión entre las bases de procedimiento de licitación y el contrato celebrado”, es decir, el funcionario de la SECOES únicamente advirtió fallas de forma y no de fondo en la licitación que fue adjudicada a Comercializadora Adicon S.A. de C.V. a pesar de que dicha empresa, no entregó los uniformes en el tiempo establecido ni en las condiciones a las que se obligó en el contrato, puesto que ni siquiera contaba con oficinas y menos aún con maquiladoras o experiencia acreditable. Por lo anterior, la SECOES calificó como faltas “no graves” las cometidas por los funcionarios sometidos al procedimiento administrativo.

Las faltas no graves son aquellas que se generan por actos u omisiones que afectan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que todos los servidores públicos deben cumplir en su empleo, cargo o comisión.

SE OLVIDAN DE LA LICITACIÓN Y PACTAN CONTRATO A PEDIDO DE EMPRESA POBLANA

Las irregularidades e inconsistencias halladas por la Coordinación General de Investigación consistieron en la disparidad entre la licitación pública aprobada y publicada, mediante la cual se concursó la confección de 114 mil 422 paquetes de uniformes para hombre y 108 mil 165 paquetes de uniformes para mujer, y que la empresa Comercializadora Adicon SA de CV se adjudicó por 104 millones de pesos.

La investigación de la SECOES concluyó que el contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 firmado entre la Oficialía Mayor y Comercializadora Adicón SA de CV en fecha 31 de julio de 2017 presentó modificaciones respecto de la licitación, que favorecieron a la empresa poblana en cuanto a la ampliación del periodo de entrega de los uniformes, la forma de pago y la aplicación de la pena convencional para el caso de incumplimiento: “(el contrato) refleja el instrumento material por el cual se favorece a la empresa proveedora ganadora del fallo, ya que se aprecia de manera literal ajustes en las cláusulas analizadas, tendentes a extender los efectos de la fecha de entrega de los bienes y el plazo de actualización de las penas convencionales por mora en la entrega de los bienes y del objeto de ayuda social al que estaban destinados”, señala el resolutivo del procedimiento administrativo.

DAN MÁS DÍAS A EMPRESA PARA ENTREGAR UNIFORMES

Aunque en su momento el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, justificó que la maquila de uniformes se había adjudicado a la empresa poblano por tener ésta la capacidad para cumplir con la licitación, lo cierto es que en la cláusula cuarta del contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 se pactó un plazo mayor por once días adicionales al establecido en la base cuarta de la licitación, ya que se señaló que la fecha de entrega de los uniformes sería el 31 de agosto de 2017, siendo que en la licitación se estableció que sería el 20 de agosto de 2017, permitiéndose además entregas parciales; lo cual benefició a la empresa pues se amplió el periodo a partir del cual empezó a transcurrir la mora en la entrega y por lo tanto, la exigencia de las penas convencionales e incluso el plazo para rescindir el contrato.

PAGARON POR ANTICIPADO A LA EMPRESA A PESAR DE INCUMPLIMIENTO

En la cláusula quinta del contrato firmado con Comercializadora Adicon S.A. de C.V. se estableció un esquema de pagos diverso al modelo del contrato base de licitación, pues en el contrato firmado por Manuel Alamilla como oficial mayor, se pactó un anticipo del 40% y un segundo pago de 30% a la entrega del 70 por ciento de los uniformes, y el saldo a la entrega del 100% de los uniformes; lo que difiere del modelo de contrato base de la licitación, en el que se estableció únicamente un anticipo de 40% y pagar el 60% restante a la entrega total de los uniformes; “de lo que se aprecia claramente que se benefició a la empresa al permitirle acceder de manera anticipada a parte del saldo sin que hubiere satisfecho plenamente la entrega de (los uniformes)”, “siendo que las bases exigían contar con capacidad técnica del proveedor”, y no se justificó la modificación del contrato, señala la SECOES en su resolutivo.

TAMBIÉN LE EXTENDIERON A ADICÓN EL PLAZO DE LA PENA CONVENCIONAL

En la cláusula décimo cuarta del contrato, relativa a las penas convencionales en caso de incumplimiento del proveedor, se fijó el uno por ciento sobre saldos insolutos no suministrados por cada día que transcurra del plazo señalado para el cumplimiento del contrato, siendo que el monto de dicha pena convencional se fijó en dos por ciento, en la base décima quinta del modelo de contrato de la licitación. Con la modificación realizada en el contrato, se extendió el periodo de gracia para la aplicación de la pena convencional en cinco días adicionales a lo señalado originalmente en las bases; “lo que generó una ventaja para el proveedor en cuanto al momento en el que se le aplicó la pena convencional; a pesar de que se alcanzó el tope máximo del 10% fijado como pena convencional”.

AL FINAL, NO PASÓ NADA NI FUE TAN GRAVE, SALVO PARA EL EMPLEADO DE MÁS BAJO NIVEL

A pesar de todas las irregularidades encontradas, además de otras como el hecho que en la licitación no se establecieron la cantidad de uniformes por tallas, lo que provocó que se confeccionaran miles de prendas escolares “unitalla”, y que la empresa Adicon S.A. de C.V. ni siquiera pudo ser notificada por no tener un domicilio, y menos aún contaba con la capacidad técnica para cumplir el contrato, la SECOES solo estableció sanciones severas para el empleado de más bajo nivel de todos los implicados, resolviendo así, para el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, una “amonestación privada”; para el director general de administración, José Manuel González Acosta, una suspensión por 15 días; y para Edwin Azmir Díaz Tello, director de recursos materiales, una inhabilitación por 6 meses para ocupar cualquier cargo público, así como la destitución del cargo.